Cuando defender el medio ambiente cuesta la vida

REVISTA ECOMANIA #24 – Activismo medioambiental

Entre amenazas de muerte contra su propia familia y amigos, la hondureña Berta Cáceres logró que una de las constructoras de represas más grande del mundo retirara su participación en un proyecto hidroeléctrico en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas de su país y vital para su supervivencia.  Su caso es especialmente representativo de la persecución sistemática a la que se enfrentan los activistas hondureños, lo que le valió uno de los reconocimientos ambientales más prestigiosos globalmente, el premio Goldman 2014.

Otra historia de lucha pero con un final muy diferente fue la del brasilero Raimundo Rodrigues da Silva, quien recibió un disparo de escopeta que le costó la vida en el estado de Maranhao, en el noreste de su país. El líder campesino había impulsado una campaña para conseguir la propiedad de la tierra para su comunidad local de Campestre, por lo que fue amenazado de muerte varias veces en los últimos años.

Este último caso representa uno de los 116 asesinatos a activistas medioambientales registrados durante el 2014 por la ONG Global Witness, la cual investiga casos de corrupción y abusos en la explotación de recursos naturales. En su último informe, ¿Cuántos más?, la organización señala un aumento del 20% respecto a lo registrado en el año 2013. A la vez, remarca que un 40% de estas víctimas eran indígenas y las principales causas de su muerte estuvieron relacionadas con la creación de proyectos hidroeléctricos, aunque las disputas por la tierra fueron el trasfondo de la mayoría de los episodios fatales.

Centroamérica y Sudamérica representan una de las regiones donde la búsqueda de una mayor protección climática se topa frente a un número de adversidades cada vez grande. Dentro de una lista de 17 países, Brasil lidera el ranking mundial de violencia ambiental con un número de 28 fallecidos. Le sigue Colombia (25), Filipinas (15) y Honduras (12). Actualmente, este último es considerado el país más peligroso para ejercer el activismo medioambiental. “Tanto en Honduras como en el resto del mundo, hay defensores del medio ambiente que son asesinados a tiros a plena luz del día, secuestrados, amenazados o juzgados por terrorismo debido por su oposición a lo que se conoce como desarrollo”, así lo señaló Billy Kyte, responsable de las campañas de Global Witness, y añadió: “Los verdaderos autores de estos crímenes, una poderosa trama de intereses empresariales y gubernamentales, disfrutan de total impunidad. Se requiere acción inmediata para proteger a los ciudadanos y llevar a los responsables ante la justicia”.

Muy cerca a la conferencia que se celebrará en París para intentar alcanzar un acuerdo mundial sobre las emisiones de carbono, estos datos ponen de relieve una grave paradoja de las cumbres sobre el clima: las personas que están a la vanguardia de la lucha para proteger nuestro medio ambiente están muriendo asesinadas. Sin la acción de los gobiernos para revertir esta situación, el texto que se acuerde será en vano.

En ese sentido, todo parece indicar que la lucha por defender el planeta cuesta la vida a los que menos tienen. La crisis que se oculta tras estas muertes no tiene la atención pública que se merece ya que, por un lado, no cuenta con suficiente supervisión y además, los defensores medioambientales viven en comunidades remotas y pobres con acceso limitado a los medios de comunicación.

Hoy más que nunca, ellos son los principales activistas que necesitan protección específica por la intensificación del riesgo que plantea su labor. Con motivo a frenar este flagelo, Global Witness apela a los gobiernos y a la comunidad internacional para que supervisen, investiguen y castiguen estos crímenes, y a Honduras para que aborde estos abusos en su próximo examen de la situación de los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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